SUTECO rechaza exclusión indebida de docentes titulares de Concursos de Titularización y Ascenso

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) presentó, ante la Ministra de Educación de la Provincia, una nota formal manifestando “preocupación y rechazo” a la Resolución Ministerial Nº 4331/25.

El SUTECO rechaza la RM 4331 porque “excluye indebidamente a docentes titulares que ejercen en EDI, EOI y PFTE de los Concursos de Titularización y Ascenso”, pese a contar con estabilidad y derechos adquiridos por normativa vigente.

“No solo es injusto; es ilegal, discriminatorio y contrario a la Ley. No pueden vulnerar de esa manera el Estatuto, la Carrera Docente ni los Derechos adquiridos. Todos, absolutamente todos, los docentes titulares deben tener garantizada su estabilidad y derecho pleno a la carrera”, explicó el secretario general Fernando Ramírez.

SUTECO sostiene que la exclusión de docentes titulares de EDI, EOI y PFTE de los Concursos de Titularización y Ascenso “vulnera el Estatuto del Docente (Ley Prov. Nº 3723), la Ley de Educación Provincial Nº 6475, la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, la Constitución Provincial y convenios internacionales”.

La Resolución Nº 4331/25 genera “discriminación interna, desconoce la titularidad otorgada por actos administrativos y afecta la igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera docente”.

El Estatuto no distingue docentes titulares según el origen del cargo y cualquier restricción, basada en el tipo de programa donde se desempeñan, carece de sustento jurídico y quiebra el principio de legalidad, por lo que SUTECO solicitó:

  • Modificar la Resolución 4331/25, eliminando la exclusión de docentes titulares de EDI, EOI y PFTE.
  • Garantizar la plena aplicación del Estatuto Docente en todos los procesos de Concurso y Ascenso.
  • Convocar a una mesa técnica paritaria para adecuar el régimen transitorio a la normativa vigente.
  • Suspender temporalmente los Concursos hasta asegurar participación igualitaria.
  • Requerir dictamen de la Asesoría Legal y de la Junta de Clasificación sobre la legalidad del acto administrativo.
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